Por: Cinthya Trinidad
El arranque de un nuevo proceso electoral suele estar marcado por la habitual retórica multipartidista: discursos de civilidad, promesas de contienda democrática y llamados al voto ciudadano. Sin embargo, la contienda que ya abrió el telón arranca bajo una atmósfera inédita, marcada no solo por la competencia en las urnas, sino por un despliegue de fiscalización sin precedentes sobre la arquitectura institucional que la sostiene.
Todo indica que este será el proceso electoral más vigilado en la historia. Y la razón principal no proviene esta vez exclusivamente de los partidos políticos ni de los observadores ciudadanos, sino de las lupas contables de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La indagatoria abierta a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) a nivel nacional ha puesto al descubierto patrones sistemáticos en la asignación de contratos millonarios para la impresión de boletas, materiales electorales y servicios de monitoreo. En ese radar, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz ocupa un papel protagónico, situándose a la cabeza de los montos señalados por presuntas irregularidades y concentración de licitaciones.
Para Veracruz, el escenario es delicado. Que la ASF y las instancias federales estén revisando años de contrataciones lanza un mensaje contundente: la confianza democrática ya no se construye únicamente contando votos el día de la jornada, sino garantizando la pulcritud con la que se licita cada boleta, cada urna y cada sistema informático.
La sospecha sobre la gestión de recursos públicos en la preparación de las elecciones mina la credibilidad ciudadana antes de que el primer elector deposite su sufragio. Si los órganos encargados de velar por la imparcialidad y la legalidad del proceso llegan al día de la elección salpicados por cuestionamientos administrativos o expedientes abiertos, el resultado es un arbitraje debilitado y baja participación ciudadana.
No obstaculizar las investigaciones y responder con total apertura administrativa debe ser la prioridad inmediata del OPLE Veracruz. El organismo tiene frente a sí el reto no solo de coordinar la logística de la contienda, sino de demostrar ante la sociedad veracruzana que sus estructuras son técnicamente solventes y financieramente honestas.
El proceso electoral que inicia será una prueba de fuego doble. Por un lado, medirá la madurez de la ciudadanía y la fuerza de sus instituciones para encauzar la pluralidad política. Por el otro, someterá a revisión la integridad del modelo electoral.
Si queremos un juego limpio, el arbitro electoral debe ser el primero en dar cuenta de ello.
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