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CÓRDOBA, VER.— Mientras el Sistema Municipal DIF presume acciones de la brigada “Por una Infancia Protegida” y anuncia que fueron detectados diez menores realizando actividades de venta en distintos puntos de la ciudad, la realidad que enfrentan las calles de Córdoba parece contar una historia muy diferente.
El propio organismo reconoce que niñas y niños continúan acompañando a sus padres durante actividades de venta en espacios públicos, algunos provenientes de municipios como Alpatláhuac e Ixhuatlancillo, así como de Chiapas y Oaxaca, además de casos locales. La respuesta institucional, según el comunicado, consistió en aplicar protocolos, brindar orientación y exhortar a las familias a evitar que los menores permanezcan en la calle.
El problema es que Córdoba no necesita únicamente brigadas que detecten a los niños; necesita autoridades que resuelvan las condiciones que los mantienen ahí.
Porque mientras se anuncian recorridos “aleatorios” y se presume la atención de diez casos, ciudadanos siguen observando diariamente a menores en calles, cruceros y espacios públicos acompañando a sus padres mientras venden productos o realizan alguna actividad para obtener ingresos.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre después de que termina el operativo y las cámaras se apagan?
Porque retirar momentáneamente a un menor de un espacio público, hablar con sus padres y entregar un exhorto puede formar parte de un protocolo, pero difícilmente puede considerarse una solución cuando las mismas familias regresan a las calles porque necesitan sobrevivir.
La autoridad asegura que su intención no es afectar a quienes buscan obtener ingresos para sostener a sus hogares. Y precisamente ahí está el verdadero reto: si el DIF conoce que existen familias en esta situación, ¿qué alternativas concretas les está ofreciendo?
¿Hay seguimiento permanente? ¿Cuántos menores han dejado de trabajar o acompañar a sus padres después de ser detectados? ¿Cuántas familias han sido incorporadas a programas de apoyo? ¿Cuántos casos han sido canalizados a otras instituciones? ¿Existe un diagnóstico real del trabajo infantil en Córdoba?
Son preguntas que el discurso institucional no responde.
Y es que resulta muy sencillo hablar de “acciones permanentes”, “protección de derechos” y “protocolos de actuación” desde un boletín. Lo verdaderamente complicado es lograr que un niño que hoy está en la calle pueda dejar de hacerlo mañana y que su familia tenga una alternativa digna para obtener ingresos.
La infancia no se protege solamente con recorridos, exhortos y comunicados, se protege con prevención, seguimiento, atención social y resultados.
Porque si cada cierto tiempo el Ayuntamiento anuncia que detectó niños trabajando en las calles, pero el fenómeno continúa siendo visible día tras día, entonces algo está fallando. Y lo que debería preocupar no es únicamente cuántos menores fueron encontrados en un operativo, sino cuántos siguen ahí cuando las brigadas no están presentes.
La imagen de una brigada recorriendo las calles puede generar la impresión de que las autoridades están haciendo su trabajo. Sin embargo, la verdadera prueba está afuera de los comunicados oficiales: en las calles, donde los niños siguen siendo visibles.
Córdoba necesita menos simulación y más resultados.
Porque una “Infancia Protegida” no puede quedarse como nombre de una brigada mientras niñas y niños continúan expuestos diariamente a las condiciones de la calle.
Si realmente la familia es primero, como afirma el propio DIF, entonces que se note en las calles y no solamente en los boletines.
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