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Gracias a la presión de las Redes Sociales liberan a Maruchi y Gilberto en Veracruz.

Gracias a las presion ejercida a nivel internacional a traves las redes sociales y organismos internacionales de derechos humanos, hoy los “twiterroristas” fueron puestos en libertad

 

Por Fidel Ordóñez Solana, abogado de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera

Xalapa, Veracruz, México

21 de septiembre de 2011

Alrededor de las 15:34 horas de este miércoles 21 de agosto, fueron puestos en libertad la periodista María de Jesús, “Maruchi”, Bravo Pagola y el profesor Gilberto Martínez Vera, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado se desistiera de la acción penal ejercida contra ellos por los supuestos delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, por los cuales permanecieron privados de su libertad desde el 26 de agosto del presente año.

Luego de que por la mañana de este día el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciara en su cuenta de Twitter que el Gobierno del Estado haría el desistimiento, el procurador Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez dirigió un oficio al juez tercero de primera instancia donde le informa de esta decisión, la cual basó en los principios que rigen al ministerio público, que son la buena fe (subrayado con negritas en el documento),  legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, indivisibilidad, jerarquía y autonomía, y fundado en la Constitución General de la República, la Constitución de Veracruz, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El oficio, marcado con la referencia PGJ/OP/6340/2011, también alude, como causa del desistimiento, a la reforma al Código Penal, al haber sido aprobado este martes 20,  e inmediatamente publicado el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto número 296,  por el que se adiciona un Capítulo Tercero al Título XII del Libro Segundo y el artículo 373.

Con este decreto se crea el delito de perturbación del orden público, mismo que se sancionará con pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo, es decir, surgió un nuevo tipo penal cuyo objetivo fue adecuar a un marco legal la conducta desplegada por los procesados. De acuerdo con los criterios jurídicos, la retroactividad de una nueva ley jamás podrá ser aplicada en perjuicio de persona alguna, pero sí en su beneficio en la materia penal, apreciación que fue hecha valer en este caso por las autoridades del estado de Veracruz, mediante el desistimiento.

Sin embargo, es de explorado derecho a para juzgar actos anteriores, no es aplicable de ninguna forma el citado artículo adicionado al Código Penal, por lo que dicha reforma ni les beneficia ni les perjudica a los acusados.

Al ser excarcelados, ambos se retiraron a sus domicilios particulares.

El desistimiento es un reconocimiento a la presión estatal, nacional e internacional, al manejo en sentido crítico de las agencias noticiosas de prensa escrita, radio y televisión; a la labor de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, el Senado de la República, la Caravana por la Paz de Javier Sicilia, entre muchos otros; a la solidaridad de los usuarios de las redes sociales de Facebook y Twitter, y a muchos otros defensores de las libertades, de la dignidad del hombre y de la libertad de conciencia.

Es deseable que el caso de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera sea el parteaguas para abrir el debate en los ámbitos sociales, políticos y académicos  sobre el alcance que merecen y pueden tener los derechos a la libre expresión en el tiempo actual y con las herramientas tecnológicas que ofrece la modernidad.

Ambos liberados expresarán, en el momento oportuno, su agradecimiento personal a quienes los apoyaron y se interesaron por su situación, esto en la medida de lo posible, dada la repercusión mundial del caso.

Finalmente, gana la sociedad, que acaba de demostrar que con su voz puede derrotar a la injusticia.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Día 25 de agosto.

Se generaron numerosos mensajes de alarma entre usuarios de las redes sociales Facebook y Twitter, de posibles ataques por parte del crimen organizado en escuelas de la región Veracruz-Boca del Río.

El mismo día de los hechos, el procurador de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, informó que la policía cibernética estaba investigando a por lo menos 16 usuarios de las redes por difundir rumores falsos. La lista de las cuentas de Twitter que seguían las autoridades veracruzanas estaba conformada por: @gilius_22, @nadia_gc, @pacopre, @balaceraver, @chingadanews, @titan1366, @maruchibravo, @veracruzanos1960, @rafaelcruzr, @o_omyz, @wartsial, @informer_1, @spartacusvera, @gerardo_guz, @vic_macarroco, @angjaro.

Entre éstas se encontraban las cuentas de la periodista María de Jesús (mejor conocida como Maruchi) Bravo Pagola y del profesor Gilberto Martínez Vera.

Día 26 de agosto.

En sendos operativos policiacos, fueron detenidos María de Jesús, “Maruchi”, Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera en sus domicilios ubicados en la zona Veracruz-Boca del Río, de donde se les trasladó a las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicadas en la capital de la entidad, aproximadamente a 120 kilómetros de distancia de sus lugares de residencia.

Los policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) negaron que para realizar las detenciones llevaran orden de aprehensión obsequiada por algún juez competente.

Bravo Pagola y Martínez Vera fueron despojados de sus aparatos telefónicos móviles, y se les mantuvo incomunicados todo ese día y durante las siguientes 60 horas; dos agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones se mantuvieron vigilándolos a cada uno por separado, y únicamente les permitieron hacer una llamada telefónica para informar a sus familiares que estaban bien, sin poder explicarles el sitio donde se encontraban ni otros pormenores, pues les cortaron abruptamente la comunicación.

Los detenidos fueron mortificados y obligados a aceptar los cargos que les imputaban las autoridades veracruzanas, sin respetar sus derechos fundamentales de ser asistidos por abogado de su confianza, permaneciendo incomunicados y recibiendo malos tratos y tortura psicológica.

Ese mismo día, fueron trasladados, mediante engaños y burlas del personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pues les hicieron creer al principio que les iban a devolver a sus domicilios, para ser encerrados en las instalaciones del Reclusorio de Pacho Viejo, Veracruz,.

Días 27 y 28 de agosto.

Apenas trascendió la detención de Bravo Pagola y Martínez Vera, decenas de usuarios del Facebook y el Twitter comenzaron a saturar las redes con mensajes alusivos al tema, exigiendo la liberación de los indiciados y expresando su descontento con la decisión del Gobierno de Veracruz.

La noticia recorre el mundo y es recogida por los más importantes periódicos, estaciones televisoras y agencias noticiosas de Estados Unidos, Canadá y Europa, principalmente. Organizaciones internacionales como Artículo 19, RSF, AI; medios internacionales como The Washigton Post, Los Ángeles Times, Associated Press, Reuters, The Wall Street Journal, Dow Jones, Mashable,  The Slate, The Next Web, CNN, BBC, Global Voices, The Guardian, Reforma de México, la agencia Proceso, MVS radio, Radio Fórmula, Radio Red, W Radio, la agencia árabe de noticias Al Jazeera, y numerosos medios regionales y locales en todo el país, comentan el caso.

Reporteros sin Fronteras pide la pronta liberación de los tuiteros veracruzanos, y afirma que la “inculpación es delirante”. El periódico español ABC publica en su edición digital una nota titulada “La guerra de los mundos, versión Twitter”,  en la que comparaba el caso con el experimento de Orson Wells en el que por radio causó pánico en la población al alertar sobre una invasión extraterrestre.

Javier Duarte, gobernador de Veracruz, escribió en la red del mircoblogging: “Soy twittero de corazón, estoy a favor de la libertad de expresión pero también defiendo nuestro derecho de vivir tranquilos y en paz”.

Día 29 de agosto.

Los dos detenidos rindieron su declaración preparatoria ante la jueza tercera de primera instancia, Beatriz Hernández Rivera, donde negaron las imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y denunciaron la violación a sus garantías procesales. También renunciaron al derecho de solicitar la duplicación del término constitucional de las 72 horas.  Se instituyó la causa penal 207/2011.

Al mismo tiempo, los conocidos defensores de las garantías individuales Jesús Robles Malof y Daniel Gershenson inician una campaña de concientización del tema bajo el auspicio de twitters libres.

Día 30 de agosto.

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz se niega a que comparezcan sus empleados, dos peritos en informática forense, comparecencia que fue oportunamente solicitada por la defensa. El director de Servicios Periciales, Crosby González Montiel,  informa que los peritos José Cayetano Domínguez Bello y Ubaldo Emmanuel Dolores, no estaban disponibles por encontrarse comisionados en Minatitlán, y advierte, además, que podrían continuar comisionados en aquella ciudad, con lo cual cierra la puerta para cualquier futuro interrogatorio.

Usuarios de las redes sociales, encabezados por Roberto Arrucha y Román Cotera, se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado. Mostraban pancartas que decían “soy twittero no terrorista”. Dialogaron con el diputado Américo Zúñiga Martínez, a quien le entregaron una compilación de textos de Manuel Castells, profesor y articulista español, máximo representante contemporáneo del debate entre la sociedad, sobre la libertad y la Internet.

Día 31 de agosto.

Alrededor de las 3 de la mañana les fue dictado el auto de formal prisión a los acusados, al vencerse el plazo constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica. La jueza Beatriz Rivera Hernández se negó a concederles el auto de libertad, por lo que quedaron formalmente presos, acusados de cometer terrorismo equiparado y sabotaje, mediante las redes sociales de Internet.

Sus abogados defensores, Fidel Guillermo Ordóñez Solana y Claribel Guevara Pérez, del Despacho Jurídico “Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, S. C.” anunciaron la determinación de interponer una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal, para solicitarle que corrigiera lo que consideraron una aberración jurídica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

El secretario general de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón, declaró este día ante la prensa que “en Veracruz no se juzga a twitteros, no se limita la libertad de expresión y no existe censura a las redes sociales, pero sí se sancionará a los responsables de actos delictivos que atentan contra el orden social”.

En la ciudad de México, activistas y usuarios de las redes sociales miembros de la organización Contingente Mx realizan una protesta ante la representación del gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, en solidaridad con sus correligionarios veracruzanos.

Día 1º de septiembre.

Enterada por la prensa global, Amnistía Internacional (AI), la prestigiosa organización no gubernamental que lucha por los derechos humanos desde 1961, recipiendaria del Premio Nóbel de la Paz, determinó realizar lo que denomina una “Acción Urgente”, donde convocó a las asociaciones humanitarias de todo el mundo para que hicieran llamados al Gobierno del Estado de Veracruz, a fin de reconsiderar el caso de los procesados.

Rupert Knox, representante de AI, señaló que como producto de esa “Acción Urgente”, eran de esperarse cientos de llamados emitidos desde todos los países del orbe, dirigidos a los funcionarios del Gobierno de Veracruz, particularmente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y al procurador Reynaldo Escobar Pérez.

Día 5 de septiembre.

El despacho “Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, S. C.” presenta la demanda de amparo indirecto en el Palacio de Justicia Federal y el asunto es turnado al Juzgado Segundo de Distrito.

Día 7 de septiembre. 

El Juzgado Segundo de Distrito publica el auto de admisión de la demanda de amparo y fija el 23 de septiembre de 2011, a las 14:00 horas, como fecha para la audiencia constitucional, a la cual debe comparecer el Procurador General de Justicia del Estado para explicar el asunto.

Día 11 de septiembre. 

La Iglesia Católica pide benevolencia para los twitteros procesados. Emite un comunicado suscrito por el presbítero José Juan Sánchez Jácome, director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa.

Día 12 de septiembre.

El Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, acude al reclusorio de Pacho Viejo para percatarse de las condiciones en que se encuentran los procesados. Le acompañan activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos Jesús Robles Maloof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Colectivo Contingente MX. La dirección del reclusorio les niega la entrada.

Ese mismo día, el Secretario General de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón, anuncia que el gobernador Javier Duarte turnaría al Congreso del Estado una iniciativa para modificar el Código Penal vigente y tipificar el delito de “perturbación del orden público”, con lo cual se verían beneficiados los twitteros recluidos en el Cereso de Pacho Viejo por terrorismo y sabotaje, pues podrán salir bajo fianza. Afirmó que lo anterior fue decidido por las peticiones de las organizaciones internacionales, la postura de la Iglesia Católica, así como de la propia familia de los indiciados quienes han pedido benevolencia por la falta cometida.

Buganza afirma que la iniciativa sería aprobada lo antes posible.

Días del 13 al 19 de septiembre.

El titular del Despacho de abogados defensores, Fidel Guillermo Ordóñez Solana, es requerido por representantes de la prensa nacional e internacional para conceder entrevistas vía telefónica o sky sobre el tema. Así, se interesan en el asunto medios tales como NTN24, BBC, CNN.

Por su parte, son remitidos a las oficinas del gobernador Javier Duarte de Ochoa y del procurador Reynaldo Escobar Pérez, más de mil mensajes y comunicados vía e mail, provenientes de personas físicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en todos los países del mundo en que Amnistía Internacional tiene representación o relaciones, como parte de la “Acción Urgente” a la que convocó la entidad no gubernamental.

Día 19 de septiembre.

En su paso por Xalapa, el poeta Javier Sicilia exige en un mitin realizado en la plaza Lerdo, la liberación de los dos procesados por terrorismo y sabotaje, y condena la desproporcionada calificación del delito. Cuestiona la propuesta de adicionar el Código Penal con el delito de perturbación social y lo compara con el delito de disolución social de 1968.

Día 20 de septiembre

Con 33 votos a favor y 14 en contra, el Congreso Veracruzano aprueba, en sesión extraordinaria, el dictamen que adiciona el Código Penal para crear el delito de perturbación del orden público, mismo que se sancionará con pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo.

Se establece que comete perturbación del orden público, quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público.

En un número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado se publica, el mismo día en que se aprobó, el decreto número 296 por el que se adiciona un capítulo III al título XXII del libro segundo y el artículo 373 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con lo anterior, la reforma legal adquiere plena vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, inicia el miércoles 21.

Día 21 de septiembre

A través de su cuenta de twitter, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anuncia que la Procuraduría de Justicia se desistirá hoy de la acusación a los procesados.

El procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez presenta ante el juzgado tercero de primera instancia, que conocía de la causa, el oficio PGJ/OP/6340/2011 mediante el cual se desiste de la acción penal.

Alrededor de las 15:34 horas, los procesados salen de prisión y se retiran a sus hogares.

FACSÍMIL DEL OFICIO DE DESISTIMIENTO

Los Ilegalmente Acusados:

María de Jesús Bravo Pagola

Teléfono  Celular (01.22.87) 77.61.01

Gilberto Martínez Vera

Teléfono Casa (01.22.99) 32.16.32

Delitos:

Terrorismo y Sabotaje.

Causa Penal Expediente Número 288/2011 – VII, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.

Los Defensores:

Fidel Guillermo Ordóñez Solana, Director General

Claribel Guevara Pérez, Abogada Asociada

Del Despacho Jurídico

“Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados” S. C.

Panuco uno, Fraccionamiento “Veracruz”, Zona Centro

Tel / Fax (01.22.88) 40.35.67 ó 68; Cel. 22.88.26.25.57

C. P. 91020. E-Mail:
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fidelguillermo65@yahoo.com.mx

*protected email*

Xalapa – Enríquez, Veracruz, México.

Los Colaboradores del Despacho:

Jaime Ríos Otero, Coordinador de Prensa.

Carla Aurora de la Cerda Lara, Proyectista

Mario Guillermo Ordóñez Hernández, Proyectista

Juan Ignacio Martínez Franco, Operativo y Proyectista

Mariana Saldaña Bautista, Practicante.

“El haber obtenido la liberación de Maruchi y Gilberto, no constituye el éxito de un abogado ni de un despacho jurídico en lo particular. Se ha logrado su liberación, en el concierto de todos los que han participado fervientemente, para el respeto de la libertad de expresión.

Fidel Guillermo Ordóñez Solana

 

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