Noticias y Líderes de Opinión

Columna Fuera de Foco

Por Silvia Núñez Hernández

22 de septiembre del 2011.

Veracruz, Ver.

 

“Benevolencia” o temor al ridículo internacional

 

Un hecho inverosímil, el día de ayer fueron puestos en libertad en un acto de “benevolencia” por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa los twiteros a quienes el pasado 25 de agosto fueron acusados de terrorismo y sabotaje –delito en ese momento no tipificado en el Código Penal de Veracruz ni del país- luego de una psicosis provocada por parte de padres de familia, quienes respondieron al alertamiento de supuestos ataques de grupos delictivos a planteles educativos.

 

La periodista y ex directora de Actividades Artísticas, Culturales y Recreativas en la administración de Fidel Herrera Beltrán, María de Jesús Bravo Pagola y el maestro, Gilberto Martínez Vera fueron privados de su libertad ante las acusaciones directas por parte de las autoridades estatales por ser supuestamente los responsables directos de haber propagado información errónea a la comunidad de las redes sociales.

 

El abogado panista, Sergio Vaca Betancourt, en rueda de prensa se refirió sobre la “Ley Mordaza” –o mejor reconocida como “Ley Maruchi”-enviada al Congreso del estado por parte de Javier Duarte de Ochoa. Dijo era un acto retrograda y sobre todo improcedente para los twiteros y criticó severamente la nulidad de comprensión del mandatario estatal con relación al Código Penal de Veracruz y las leyes constitucionales; pues indicó que era “ignorante”en esos rubros puesto que dicha ley no podía aplicarse a la situación que enfrentaban los acusados, pues las reformas no aplican al pasado sino a los casos futuros.

 

Aseguró que la única forma de liberación de los twiteros era que el gobierno del estado se desistiera de los cargos elaborados en su contra, de otra forma, el proceso legal de los inculpados sería largo y podrían lograr su libertad hasta finales del próximo año si bien les iba, pues la Ley en pronta y expedita.

 

Acto seguido, el gobierno estatal se desiste de la acusación y por ello logran su libertad derivado de la presión internacional que el ejecutivo estatal tenía a cuestas y máxime de la influencia de los usuarios de las redes sociales quienes se dedicaron a denostar de manera constante su mal gobierno.

 

Los comentarios en las cuentas de Twitter y Facebook no se hicieron esperar. Los usuarios denostaron nuevamente a Javier Duarte de Ochoa y prometieron derrocarían su “ley antirrumores” aprobada por sus fieles siervos priístas. Dicha ley para los congresistas panistas es retrógrada, y en voz del diputado local, Fernando Yunes Márquez, manifestó que esta reforma aprobada por parte de los priístas logra un retroceso de 40 años en la política veracruzana; situación que pone en evidencia el autoritarismo y la dictadura que pretende accionar la administración actual a quienes emitan mensajes a través de las redes sociales, insistiendo en atropellar la libertad de expresión de los ciudadanos y de los medios informativos.

 

Como primera acción derivada de la libertad otorgada tanto a María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, estos brindaron entrevistas para así mostrarle al mundo el atropello gubernamental del que fueron objeto.  Por ello, compartiremos una extracción de la conversación de Maruchi en el espacio de Salvador Camarena quién vía telefónica logró que la acusada explicara y se explayara desde el momento de aprehensión hasta el otorgamiento del perdón gubernamental:

 

“El día de los acontecimientos en los planteles educativos, salí de mi casa desde temprano para llevar a cabo diversas diligencias personales (…) estando en una sucursal bancaria, escuche mucho movimiento en el exterior y escuchamos detonaciones de armas de fuego; al salir, me pude percatar de mucho movimiento de patrullas en el Ilustre Instituto Veracruzano (…) prosiguió haciendo diligencias en bancos y posteriormente se condujo hacia su domicilio. En el lugar en su cuenta de Facebook una amistad públicamente le dijo que no había podido hacer contacto con su hija, que por favor le pedía si sabía algo al respecto (…) le contesté y le conté lo que había yo observado en la sucursal bancaria”.

 

María de Jesús Bravo Pagola posteriormente relató la forma como los elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación arribaron a su casa y sin orden de aprehensión en su contra –violándole todo derecho constitucional- fue arrestada violentamente posterior de golpear a su hija y a su nieto; en el transcurso de su transferencia a la ciudad capital –otra violación-a donde fue presentada, fue golpeada constantemente a tal grado de perder el conocimiento. Expresó que derivado de su liberación, una de las condiciones para ello, fue que tenía prohibido volver a utilizar ninguna red social, en donde condenó dicho exceso gubernamental.

 

Indudablemente, Javier Duarte de Ochoa pierde nuevamente el piso, pues no se encuentra en condiciones de prohibir a un ciudadano el uso de las redes sociales y del Internet; su actitud arbitraria y dictadora no tiene precedentes; y máxime que proveniente de alguien que tiene un enfermizo afán de promoverse a través de su cuenta de twitter @Javier_Duarte de manera constante.

 

Las contradicciones del gobierno estatal

 

Al parecer al gobierno del estado de Veracruz le está gustando ser el tema de los diversos medios informativos de todas partes del mundo. El nombre de Javier Duarte de Ochoa, Gerardo Buganza Salmerón y Reynaldo Escobar están logrando ser tan populares, que ocupan los titulares en importantes rotativos, portales y televisoras internacionales, nacionales y de algunos –los que no están “maiceados”- portales locales.

 

En el espacio informativo de Joaquín López Dóriga, el gobierno estatal fue evidenciado al cuestionarle el periodista sobre las diversas contradicciones en las que han incurrido a través de los diversos boletines y entrevistas del procurador de Justicia. Una de ellas, fue la entrevista que el informador, Carlos Lorett de Mola le hiciera al Procurador de Justicia en donde éste le aseguró que contaban ya con la identificación de 12 de los cuerpos arrojados en el paso a desnivel en Boca del Río, que todos tenían antecedentes penales y qué estos ejecutados no se vinculaban con los reos que escaparon de los tres penales en Veracruz; posteriormente en entrevista directa con Dóriga por la tarde del mismo día, el procurador de Justicia en el estado, le dijo que ya tenían identificados al 95 por ciento de los muertos, que tres de los 35 ejecutados no tenían antecedentes y uno de ellos era un policía intermunicipal quien había sido reportado por sus familiares como desaparecido y que uno de las personas muertas se refería al criminal de alías “El Ferras” quien era el cabecilla del grupo de los Zetas; lo curioso, es que éste se encontraba recluido en el penal de La Toma, ubicado en Amatlán de los Reyes.

 

En el debate del espacio denominado Tercer Grado, los panelistas, conformados por Denisse Maerker, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y moderado por Leopoldo Gómez en donde el tema central fue los 35 cadáveres arrojados en Boca del Río. Indicaron que dichos acontecimientos podían arrojar varias lecturas y en donde indudablemente esta descomposición social venía de herencia desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Crudos y concisos, no dudaron en criticar y denostar la falta de ética pero sobre todo, evidenciaron que la ciudadanía había intentado los mecanismos de encontrarse informada a través de las redes sociales, derivado de la falta de transparencia y de oportunidad de las autoridades estatales.

 

Cuestionaron a Reynaldo Escobar Pérez, que continuamente se ha contradicho, pero sobre todo, indicaron que esta actitud ha logrado que los grupos delictivos en el estado, operen con la total impunidad dentro del territorio veracruzano.

 

Otro aspecto que destacaron y cuestionaron, es el hecho de que el gobierno estatal no ha concedido a las autoridades federales atraer el caso y así sean ellos quienes lleven a cabo las investigaciones y sobre todo, como es posible que en tampoco tiempo de haber arrojado los cuerpos sin vida a la vialidad el procurador de Justicia haya dicho que todos tenían antecedentes penales.

 

Definitivamente estos panelistas lograron vislumbrar el panorama en el que se encuentra todo el estado, pero sobre todo, el puerto de Veracruz y Boca del Río, en donde se han vivido las más estruendosas situaciones de inseguridad. Pero es importante aclarar que dichos actos delictivos nos vienen de herencia de Fidel Herrera Beltrán pero en la actual administración se han encrudecido producto de la malas decisiones y de la imperiosa necesidad del gobierno duartista de intentar minimizar el problema de inseguridad.

 

Como expone Denisse Maerker, porque no ser claros y sobre todo, se debe de responder a estos cuestionamientos:

 

¿Por qué el estado no emite información fidedigna sobre los acontecimientos ocurridos tanto en la entidad como en la conurbación?

 

¿Por qué el procurador de Justicia, Reynaldo Escobar no ha emitido los nombres de los reos que supuestamente detuvieron y de los muertos identificados?

 

Luego entonces que no se quejen de los diversos alertamiento de los ciudadanos en las redes sociales sobre diversos acontecimientos intentando cubrir la necesidad informativa que el gobierno estatal le está negando en el momento de propiciarse una balacera en cualquier punto de la entidad o conurbación Veracruz-Boca del Río.

 

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